Una democracia muy bien vigilada

Por Erasmo Magoulas

Después de una década y media de “democracia con permiso” la ciudadanía chilena vuelva a las urnas para definir una segunda vuelta entre dos propuestas neo-liberales.

A pocas horas de la medianoche del domingo 11 de diciembre pasado, ya se sabía que la ciudadanía chilena tendría que volver a las urnas en poco más de un mes.
No hubo muchas sorpresas. La candidata por la Concertación Democrática era la favorita en todas las encuestas, a pesar de la arremetida triunfalista que impulsaba al candidato del partido patronal Renovación Nacional, Sebastián Piñera.

Los veinte puntos que separaron a la Bachelet de su más importante rival no fueron suficientes para llevarla a la Moneda en la primera vuelta.

Muy atrás quedó en la preferencia electoral el candidato que sumaba el imaginario político y social del progresismo chileno. Tomas Hirsch obtuvo alrededor del 5 % de los sufragios, sin llegar a sus prometidos dos dígitos.

La abstención y el voto en blanco rondó el 40 % del electorado y tal vez ahí deberíamos ver algunos signos de insatisfacción popular con una “democracia” encorsetada por los mandatos del dios mercado y sus sacerdotes del privilegio.

Para aproximarnos en el análisis de estas elecciones nos resulta imprescindible saber que la democracia controlada en Chile nace de un pacto entre los sectores más reaccionarios de la sociedad chilena, liderados por la figura de Augusto Pinochet y sectores de diferente signo ideológico que reclaman espacios de participación política en diferentes esferas del estado y el gobierno.

La oligarquía chilena y sus socios transnacionales seden espacios de gobierno para mantener el poder y una gobernabilidad que respalde y legitime sus intereses de clase.

Así nace el Pacto de la Concertación a comienzos de la década del 90.

La participación en la vida política de los “nuevos” actores, llevaba como requisito la aceptación, por parte de los mismos, de las reglas de juego que el mercado había implantado a sangre y fuego desde el 11 de septiembre de 1973.

La llegada a Chile a mediados de la década del 70 del delfín de Milton Friedman, Jeffrey Sachs marcó las pautas directrices que seguiría la economía chilena: recorte del gasto público, privatización de las empresas estatales, implantación de normativas y decretos de flexibilización laboral, liberalización de los sectores económicos ligados a la salud y la educación, apertura de las importaciones, regalías y prebendas a las empresas extranjeras en detrimento del mediano empresario nacional, y crecimiento de las exportaciones agropecuarias acompañado de un vertiginoso empobrecimiento del asalariado del sector y del pequeño productor nacional y en desmedro de un desarrollo sostenible y equitativo del sector.

Las “revolucionarias” medidas, de mediados de la década del 70, trajeron como consecuencia un “verdadero milagro” de rápido archi-enriquecimiento de los grandes propietarios, los empresarios chilenos asociados al capital transnacional, las empresas transnacionales y el sector financiero no productivo.

El pacto de gobernabilidad del 90 trae una aparente mejora en algunos índices económicos, como por ejemplo, el total de pobres pasa de rondar un 40 % en 1990 a un 20 % en el 2002. Esta ultima “mejora” queda desvirtuada como mejora sostenible y como consecuencia de un verdadero desarrollo equitativo, cuando la CEPAL clasifica a Chile junto con Brasil y México, uno de los tres países del área de mayor disparidad distributiva de la riqueza en el mundo.

Volvamos a 1973, para recordar que las medidas económicas y sociales de la escuela monetarista de Chicago se lograron imponer mediante la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y su manifestación más dramática, el golpe de estado y la inmediata y feroz represión al conjunto de la ciudadanía. Fue necesaria también la Globalización de esa doctrina para globalizar la implantación de las medidas económicas en el área, lo que se conoció como la Operación Cóndor.

La Doctrina de Seguridad Nacional fue diseñada por el Departamento de Estado a finales de la Segunda Guerra Mundial, como principal herramienta “diplomática” para el Tercer Mundo. Los hermanos Dulles, John y Allen, desde el Departamento de Estado y desde la Agencia Central de Inteligencia (C.I.A.), respectivamente, cooperaron para que los dos órganos del estado tuvieran una visión similar de la política exterior estadounidense.

En los países del área de influencia de Washington la “doctrina” configura al enemigo nacional como un enemigo dentro de las fronteras del país, un enemigo atípico al cual hay que someterlo a una “guerra atípica” y caracteriza a ese enemigo como todo aquel ciudadano que deslegitima el poder económico, el orden político o los valores culturales establecidos.

La dictadura fascista de Pinochet descabeza, bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, a los movimientos sindicales, obreros, barriales, estudiantiles, campesinos e intelectuales.

Los 17 años de feroz implantación del Terrorismo de Estado trajeron como consecuencia para la sociedad chilena en general y para los sectores progresistas en particular, lo que podríamos llamar, “Síndrome del proyecto popular fracasado”, el cual marca en el inconciente colectivo chileno una cuota de culpabilidad hacia los 3 años de verdadero proyecto democrático de la Unidad Popular, por lo sucedido a partir del 11 de septiembre del 73.

Este “síndrome” posterga, inmoviliza y constriñe la evolución ideológica del pueblo chileno, fenómeno que se suma al intento, por parte del fascismo, de aniquilar materialmente esa evolución ideológica, infligiéndole a ese mismo pueblo la perdida de miles de cuadros de su vanguardia social y política desaparecida, fusilada y exiliada.

El pasado 11 de diciembre un 60 % de los electores fue a las urnas; de ellos un 46 % optó por Michelle Bachelet sin que esto signifique ni un cheque en blanco, ni el apoyo popular a un proyecto que está alejado de principios verdaderamente populares, como lo son la soberanía del “petróleo” chileno, el cobre y el redimensionamiento de la cuestión distributiva de la riqueza. Dos cuestiones de fundamental importancia para la democracia chilena, sobre las que, la candidata de la Concertación no ha hecho mas que manejar una confusa retórica.

Entre Renovación Nacional y la Unión Democrática Independiente, liderados por Sebastián Piñera y Joaquín Lavín respectivamente, sumaron 48 % de ese 60 % de electorado que participó. Los dos partidos ultra-patronales, anti-obreros, anti-nacionales, alineados doctrinalmente bajo una teología fundamentalista de Mercado, aunque se rajen las vestiduras vociferando sobre moral católica pre-conciliar, son el más contundente ejemplo de ese retroceso de evolución ideológica que mencionaba anteriormente.

La aceptación social de lo que representa tanto Piñera, con su mundo de sociedad disciplinada y económicamente “abierta”, como Lavín, con sus concepciones ultramontanas y fundamentalistas de la moral, no son más que el producto de una sistemática aculturación, proceso de vaciamiento ideológico y de apología del cinismo social; lo cual se pudo llevar adelante en Chile, mediante los medios de comunicación y demás aparatos de ideologización del Estado, que totalizaron y hegemonizaron el mensaje de las clases dominantes a partir del 11 de septiembre de 1973.

Esos modelos de comportamiento social calaron hasta en los sectores populares y se transformaron en paradigmas sociales como el individualismo, la competencia feroz, el mimetismo social, los falsos valores de una sociedad global y la a-historicidad de la realidad.

No está en el Partido de la Concertación recrear una sociedad mas justa y solidaria para Chile, mucho menos en los partidos de los patrones y del privilegio.

Volver al futuro del 70, porque ese es el único futuro que puede recorrer Chile en pos de la justicia, la soberanía y la dignidad, dependerá enteramente del gran actor de la historia que es el pueblo y su capacidad de organización.