Solidaridad del mundo del arte, la cultura y la política con Galvarino Apablaza

Por Eduardo Andrade Bone

Una verdadera ofensiva inició un grupo de artistas e intelectuales latinoamericanos en busca de persuadir al Presidente argentino Néstor Kirchner de que conceda "refugio político" a Galvarino Apablaza Guerra.

La declaración, difundida en Buenos Aires, de alrededor de doscientos artistas y políticos, incluye la adhesión de los ministros uruguayos José "Pepe" Mujica (ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Eduardo Bonomi (ministro del Trabajo y Seguridad Social), del Uruguay.

Artistas como los cubanos Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, escritores como el poeta Raúl Zurita y Patricio Manns, y actores como Julio Jung, Patricio Contreras y Franklin Caicedo firmaron una declaración a favor de Apablaza, quien está requerido por la justicia chilena por su presunta participación en la muerte del senador Jaime Guzmán Errázuriz y el secuestro del ejecutivo Cristián Edwards.

Los artistas antes mencionados incluyeron una solicitada en el diario argentino "Página 12", en la que expresán que "Argentina es una nación solidaria, con una larga tradición de refugio a los perseguidos del mundo", situación por la cual "pedimos no demorar una respuesta a la solicitud de este luchador social, que quiere radicarse en este país junto a su familia". Los firmantes incluyen también al influyente escritor y teólogo brasileño Frei Betto, a pintores como José Balmes, o escritores como Pedro Lemebel. Y, de Argentina, a los líderes piqueteros Luis D’Elía y Jorge Ceballos, más los dirigentes sindicales Víctor de Gennaro y Ariel Basteiro.

Mientras tanto, se ha informado a la prensa que un nutrido grupo de personalidades chilenas, a viajado a Buenos Aires citadas como testigos por las partes que se enfrentarán en el juicio oral, que determinará la concesión, o no, de la extradición de Apablaza. Ésta será definida por el juez federal Claudio Bonadío entre los días 27, 28 y 29 en Buenos Aires.

El juicio oral argentino no decidirá sobre el tema de fondo -la culpabilidad o inocencia del militante frentista respecto de los delitos a los cuales se lo quiere involucrar-, sino sobre si la extradición es pertinente o no.

La defensa intenta mostrar la existencia de un prejuzgamiento y la inexistencia de antecedentes válidos que lo incriminen, en tanto que el Gobierno de Ricardo Lagos, por mandato de la ultraderecha chilena (UDI-RN) asegura que sí los hay, y que Apablaza debe ser procesado en el marco de un pleno "Estado de Derecho".

Mientras tanto, ex rodriguistas entregarán su testimonio con el objeto de impedir la extradición de Apablaza a Chile, debido a que en este país no existen las condiciones para un debido proceso. Más aún, cuando el Poder Judicial chileno, es percibido como una de las instituciones más corruptas del país, de acuerdo a los manifestado por un estudio realizado por el Instituto Libertad y Desarrollo.

En declaraciones a la prensa local, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, manifestó que en el juicio contra Galvarino Apablaza, "no existen elementos que prueben que Apablaza tuvo algún tipo de participación en los hechos que se le imputan".

El destacado líder de la izquierda chilena, entre otras cosas, dio a conocer que le han solicitado que sirva de testigo en el juicio oral que se realiza en la Argentina (27 al 29 junio), Buenos Aires, para resolver si Galvarino Apablaza, puede acceder al status de refugiado en Argentina y así evitar su extradición a Chile.

Teillier agregó que como Partido Comunista "hemos aceptado la idea de la defensa de Apablaza, teniendo en cuenta que no existen elementos de juicio que prueben que él tuvo algún tipo de participación en los hechos que se lo involucran y porque nosotros pensamos que además en Chile no están dadas las garantías para un juicio justo". Ya que, siempre -aquellos que han luchado contra la dictadura en Chile_ son juzgados de manera que las condenas, en hechos presumibles, resultan o han resultado mucho mayores de lo que debiese otorgárseles como penas o condenas a los acusados. "No están las condiciones, porque cuando estaba

la dictadura se podían usar diversos métodos de lucha, hacer uso de la política de rebelión popular y el derecho a la rebelión es derecho que existe y se hace uso de él, cuando no existen otras garantías para actuar políticamente", afirmó el presidente del PC.

Guillermo Teillier recordó además, que Galvarino Apablaza, fue una persona detenida en Chile, "fue torturado por nada, porque nunca se le encontró culpable de nada en la dictadura",señaló y reiteró que este es uno de los motivos que me inducen a ser testigo en esa causa, porque yo estuve preso con él y también fui torturado y condenado, sin que se me haya comprobado ninguna culpabilidad de ningún delito",

El dirigente comunista sostuvo que en Chile, "la UDI (partido de ultraderecha) tiene la capacidad de presionar -ha presionado- al gobierno, al Poder Judicial, mediáticamente a una persona y de qué manera vamos a hacer la defensa si ya se presume culpable, ya se le ha condenado, porque la Justicia debiera presumir inmediatamente que una persona es inocente de los cargos, hasta que no se le compruebe que es culpable y en el juicio no hay ningún elemento que compruebe la participación de Apablaza", puntualizó.

Sergio Galvarino Apablaza está detenido en Buenos Aires, Argentina desde el 29 de noviembre de 2004 y es requerido por los tribunales chilenos, después que la ultraderecha le exigiera al gobierno de Ricardo Lagos, de desplegará todos los esfuerzos tendientes para que Apablaza sea juzgado por estar presuntamente involucrado en la muerte de Jaime Guzmán.

Jaime Guzmán, era el máximo líder del gremialismo y la extrema derecha en Chile. Junto al órgano oficial de la CIA en Chile, el diario El Mercurio, Guzmán fue unos de los artífices en la promoción del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Medios de prensa chilenos, indican que Jaime Guzmán, había entrado en serios conflictos con los aparatos represivos de la dictadura, que en ese entonces eran dirigidos por el criminal Manuel Contreras, jefe de la DINA, y que su muerte habría sido producto un ajuste de cuentas desatado por Contreras y de la cual se ha pretendido imputar a Galvarino Apablaza.