Respuesta de la Union Europea frente al conflicto en Colombia

Por Cristiano Morsolin*

Más de 500 firmas de víctimas y de organizaciones de víctimas sustentan la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 975/05 (“Justicia y Paz”), que es presentada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, ante la Corte Constitucional, hoy viernes 9 de septiembre, en el marco del día nacional de los derechos humanos.

Como lo han mencionado en varias oportunidades públicamente, la ley es de facto, una norma de impunidad que elude la responsabilidad del Estado, posibilita a los victimarios seguir encubriendo tanto las circunstancias de modo, tiempo, lugar, como a los determinadores y financiadores de los crímenes que cometieron; impide también, que los victimarios reciban el castigo proporcional a los delitos cometidos, que las víctimas participen en la toma de decisión de los procedimientos para la reparación integral, asegurando así la legalización del paramilitarismo.

Por tanto, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, solicita por vicios de trámite la inconstitucionalidad de 37 artículos que regulan mecanismos y procedimientos respecto de los derechos fundamentales de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanso, y de crímenes de lesa humanidad y de guerra, que están reservados para ser tramitados bajo la figura de ley estatutaria, y no por ley ordinaria como se hizo. Por el mismo motivo solicitan se declare la inconstitucionalidad de 4 artículos parciales, pues con éstos se creó fácticamente una nueva jurisdicción.

Así mismo, por vicios de contenido se solicita se declaren inconstitucionales o constitucionales condicionadamente - según el caso - 40 artículos totales o parciales, de los 72 que tiene la ley, por considerarlos contrarios a preceptos de la Carta Política e instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.

De tal manera, y teniendo en cuenta que los artículos no demandados explícitamente de la ley 975 de 2005 perdieron el sentido que el legislador quiso darles cuando fueron declarados inconstitucionales por vicio en su trámite, o por vicio de contenido, éstos también deben ser señalados como contrarios a la Carta Política.

El Movimiento igualmente solicita a la Corte le de un trámite preferencial y urgente, ya que la ley demandada pone en grave riesgo la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y varios de sus aspectos sustanciales -derechos fundamentales, bloque de constitucionalidad y separación de poderes.
Finalmente piden la realización de una audiencia pública sobre la constitucionalidad de dicha ley, en la cual, esta vez, sí se dé amplia participación a las víctimas.

En un acto simbólico, que acompaña la presentación de la demanda de las víctimas, una cometa gigante con las palabras VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN INTEGRAL, se ha elevado sobre la Plaza de Bolívar de Bogotà.

La respuesta de la Union Europea

En respuesta de la excepción de inconstitucionalidad de la ley de “Justicia y Paz” presentada en Bogotá por el” Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado”, un grupo de 155 ONGs y organizaciones sociales de EUROPA han firmado una carta abierta para presionar a la Unión Europea para que no apoye el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares con relación a la ley antes mencionada, ya que en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros UE han tenido un específico debate el martes 6 de septiembre.

El llamado fue suscrito el miércoles 31 de agosto por organizaciones civiles, sociales y religiosas de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y Suiza, entre ellas 75 europeas y 68 colombianas ocho sudamericanas y cuatro internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH y la Organización Mundial contra la Tortura OMCT (www.selvas.org).

El peligro de que los paramilitares caigan en un limbo de inmunidad, mientras se olvida la justicia para con las víctimas, es una de las principales críticas que hacen a la ley las organizaciones firmantes de la Carta. "Constantemente nos llega información de regiones en las que los paramilitares, aunque desmovilizados, conservan su poder y siguen aterrorizando a la población. La ley no prevé ningún tipo de medidas contra esos actos", declarò Christiane Schwarz, de la organización alemana Kolko, Derechos Humanos para Colombia de Berlin (www.kolko.net ).

"La única solución es tomar medidas para desmantelar completamente las estructuras paramilitares, económica y políticamente", afirmó Schwarz, "sería un sinsentido que la Unión Europea financiase a criminales que mantienen poder ilegal y riquezas robadas", añadió Christiane Schwarz, de la organización alemana Kolko y miembro del comitato impulsor junto con el Observatorio Independiente sobre la Region Andina SELVAS.

Reunión del Comité por America Latina del Consejo de la Union Europea COLAT

Según se supo por un canal informal, en la reunión del Comité por America Latina del Consejo de la Union Europea COLAT del martes 6 de setiembre, en el punto sobre Colombia, España y Alemania fueron los paises que expresaron de que la UE debía apoyar el proceso de reinserción de paramilitares llevado a cabo al gobierno colombiano.

Italia, Dinamarca, Finlandia y Holanda estaban de acuerdo pero exigían que se diera un trabajo verificación eficaz, una "evaluación” (assessment) por parte de la ONU y la OEA. Francia expresó una posición firme en contra del apoyo al proceso pero parece que estaba aislada pero con una posición.
Esto condujo a que no se votara el apoyo a la Ley y que se designara a la Presidencia británica para que hiciera circular antes del 3 de octubre (próxima reunión del COLAT) un análisis del documento que tenían y el resultado de las consultas. Si el 3 no logran consenso, pues eso pasará a noviembre.

La información proporcionada a los miembros del COLAT era bastante completa o y tenía un fino análisis de la Ley, las críticas existentes, etc. A este dossier, se le sumó las cartas de organizaciones internacionales y nacionales.

Javier Solana nuevamente desautorizado por su apresurado apoyo al Gobierno de Colombia

Paul-Emile Dupret coordinador de la Secretaría del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea al Parlamento europeo de Bruselas ha declarado que “en respuesta a varias preguntas parlamentarias relativas a Colombia, colocadas por losdiputados Vittorio Agnoletto y Sarha Wagenknecht de la Izquierda UnitariaEuropea (GUE/NGL) y la diputada Maria Valenciano del Partido socialista europeo (PSE) relativas al eventualuso de fondosde la UE para el proceso de desmobilización de paramilitares, mediante la ley de"Paz y justicia", bautizada por el New-York Times en su editorial del 4 de Julio como "Ley de impunidad para asesinos en masa, terroristasy capos del narcotrafico", la Presidencia de la UE representada porel ministro británico DouglasAlexander, y la Comisión europea por su lado,contestaronque la UE tomaron buena nota de las críticas de las Naciones Unidas relativas a las insuficiencias deesta leyen cuanto a impunidad,garantias de investigación de crímenesatroces y debida raparación a las víctimas. La UE encargóa sus jefes de representaciones diplomáticas en Colombia estudiar de estaley y producir antes de cualquier decisión "une evaluación exhaustiva, con una analisis y unas recomendaciones para lapolítica de la UE en la linea de sus conclusiones de diciembre2004".

Sectores muy variados de la sociedad europea se han pronunciado en las áltimas semana enviando a las autoridades unos llamados para oponerse a cualquier uso de fondos públicos europeos y cualquierinvolucramiento políticode la UE en unproceso que poco tiene que ver conel marco legal acceptable que habia que la misma UE habia exigidocomo condicion para cualquier apoyo, y que al contrario, aparece cada día más como un intentode legalización de los paramilitares, deconsolidación de la impunidad de sus crímenes y de refuerzo de su política de terror sobre la sociedadcolombiana, privando de hecho alas víctimas del esencial derecho a lajusticia, la verdad y la reparación. El proceso en curso permite además alos autores de los crimenes quedarse con los bienes de las víctimas, y enparticular los milliones de hectareas que han robado a comunidades campesinos eindígenas desplazadas a todo lo largo delpaís.

Esta decisión de la UE de proceder a un estudio significa que estaspreocupaciones han sido escuchadas en Bruselas.

Esta decisión de la UE de aplazar sudecisión y de consultar a las Naciones Unidas, las ONG’s, el grupo de los 24 yel Gobierno colombiano Constituye un revéspara la diplomacia colombianaquedaba porseguro el apoyo político inmediatode laUE al proceso bandera del gobierno deColombia, luego del viaje del Presidente Uribe a España, durante elcual las autoridades colombianas celebraron elhecho que presidente Zapatero iba a ser suabogado ante sus colegas jefes de Estado de la UE.

Respondiendo a unapregunta adicional del diputado de derecha José Ignacio Salafranca,perteneciente al PP y conocido por su apoyo al Plan Colombia, quien se refirió alas declaraciones del Alto comisionado para lapolítica exterior Javier Solana, en apoyo al proceso dedesmobilización /legalización de los paramilitares, el presidente del Consejo de la UE opinó que sabia que la UE podría estar más involucrado en un apoyo político alproceso en curso, pero reiteró que esto se daria solamente si habia un marcolegal completo, que la posición de la UE lo estaba estudiando por el momento,dando a entender que Javier Solana se había apresurado en declarar que la UEapoyaba el proceso.

En febrero del 2001, el mismo Javier Solana quien habia anunciado el apoyo de la UE al Plan Colombia,fue desautorizado cuando el Parlamento europeo, el Consejo y la Comision que decretaron al unisono que la UE ni iba a apoyar al Plan Colombia en ninguna desu componentes” concluye Paul-Emile Dupret.

Durante el debate oficial, la diputada Maria Valenciano del Partido Socialista Europeo (PSE) ha preguntado “ ¿Qué garantías puede ofrecer la Comisión de que los recursos de la Unión Europea destinados a Colombia no están sirviendo parafinanciar proyectos de reinserción de grupos armados, cuando aún no existe unmarco legal conforme a la normativa internacional que garantice el derecho delas víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y permita a la UE apoyar financieramente estos proyectos de desarme y reinserción? Asimismo, los fondosde la Unión Europea otorgados a Colombia con cargo al programa de apoyo a las poblaciones desarraigadas pueden ser empleados, en función del proyecto pilotodel Instituto del Bienestar Familiar de Colombia, para la reinserción deparamilitares desmovilizados, en lugar de servir para la vuelta a sus tierras delas poblaciones autóctonas desplazadas por el conflicto armado. Por ello, ¿tiene la Comisión datos y ejerce una labor de control sobre el empleo de los fondos del programa de apoyo a las poblaciones desarraigadas en Colombia?”.

El europarlamentar italiano Vittorio Agnoletto (miembro GUE y ex portavoz del Foro Social de Genoa) ha denunciado que “nos encontramos frente a una ley que en la practica regolariza los grupos paramilitares ofreciendo la posibilidad a mafiosos y narcotraficantes de transformarse en paramilitares, utilizando esta ley “Justicia y Paz” que fue criticada tambien por Amnesty International, que subraya que no se ha realizado este desmobilizacion y desmilitarizacion. Por eso pregunto si la Union Europea tiene la intencion de financiar este projeto que oficialmente propone la desmobilizacion pero en los hechos puede sustentar estos grupos paramilitares”.

Necesita destacar tambien el fuerte compromiso en favor de la paz en Colombia por parte del bloque VERDES/ALE (www.green-efa.org): la Presidenta del grupo VERDES al Parlamento Europeo, la italiana Monica Frassoni, ha declarado “el total apoyo en el puente con la sociedad civil Europea y Colombiana; por eso el deputado verde Alain Lipietz (Presidente de la Comision UE por las relaciones con los payses andinos) ha enviado una carta al Comité por America Latina del Consejo de la Union Europea COLAT: el grupo VERDES/ALE està en primera linea en este proceso. La sintonia con el grupo VERDES Europeos es total”.

Muchos interogantes estan abiertos pero la sociedad civil de Europa y Colombia està en alerta para exigir el respecto de los derechos humanos; esta muy claro que la Unión Europea no debe apoyar un proceso de desmovilización en Colombia que no contribuye ni a la paz ni a la justicia.

Se trata solo del primero round para presionar la Unión Europea pero la mobilizacion de las organizaciones sociales esta logrando buenos resultados y sigue adelante.

*Cristiano Morsolin, educador-periodista italiano y operador de redes internacionales.
Trabaja en Latinoamerica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil.
Fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina SELVAS.
E-mail: campana_paz_colombia@yahoo.com