La “crisis energética” Argentina. Lo que “analistas” y empresarios ocultan

Por Ricardo Andrés De Dicco *

No resulta difícil identificar las prácticas extorsivas del oligopolio energético a la hora de presionar al gobierno de turno para que nuevamente aumenten los precios de combustibles y las tarifas de gas y electricidad (en un contexto donde los marcos regulatorios y la Ley de Emergencia Económica prohíben tales incrementos): interrupción de combustibles y apagones de luz; argumentando, la nueva élite del poder a través de sus “analistas” contratados, que el origen radica en problemas estructurales, los cuales “serían” solucionados si se llevan a cabo tales aumentos... ¿y los aumentos tarifarios y de combustibles de la década del ’90 (violatorios del Régimen de Convertibilidad y de los marcos regulatorios) no generaron la renta necesaria para evitar problemas futuros en la capacidad de transporte de energía eléctrica y de gas natural? Sí, durante dicho período las empresas privadas del sector internalizaron una renta extraordinaria que en ningún momento se invirtió para ampliar las redes troncales de gasoductos y de alta tensión de energía eléctrica que satisfacen las necesidades energéticas del país. Tampoco realizaron inversiones de capital de riesgo para descubrir nuevos yacimientos de petróleo y gas natural a fin de extender el horizonte de vida de las reservas. Con las privatizaciones se beneficiaron de la tecnología, infraestructura y nivel de reservas hidrocarburíferas que el Estado les había entregado, y no invirtieron un centavo para desarrollarlas. Ni hablar de la nula planificación, control y regulación por parte del Estado nacional desde el inicio de las reformas estructurales signadas Menem.

Por el contrario, el oligopolio energético transfirió la mayor parte de la fenomenal masa de ganancias -obtenida ilícitamente del bolsillo de los trabajadores argentinos- al exterior, y el resto la “invirtió” en la construcción de 10 gasoductos que tienen como único destino la satisfacción de mercados extranjeros; exportación que, vale decir, no es controlada por el Estado y menos aun por las Provincias productoras, ya que se “acepta” la declaración jurada de los agentes exportadores. Cabe señalar, además, que la exportación de hidrocarburos y derivados (equivalente a U$S 5.500 millones en 2004, según Secretaría de Energía de la Nación) no aportaría un sólo centavo al fisco si no fuera por las retenciones que fueron aplicadas a partir del año pasado. Por otra parte, y como fuera denunciado por el MORENO y el IDICSO innumerables veces, las exportaciones de estos recursos naturales no renovables están prohibidas por la Ley de Hidrocarburos y por el Marco Regulatorio del Gas, ya que el mercado interno no se encuentra plenamente abastecido (a modo ilustrativo, más de 13,5 millones de ciudadanos carecen de provisión de gas por redes, según INDEC, para 2001; estimaciones del IDICSO y del MORENO ascienden la cifra a 15 millones para principios de 2005).

Los “analistas” (ex secretarios de Energía) operan “ideológicamente” (por una cuestión de “negocios”, por cierto), contribuyen a la desinformación y no aportan datos empíricos en ninguno de sus “diagnósticos” y “proyecciones”. Pues, ninguno de ellos advierte que el gas natural y el petróleo cubren el 90% de las necesidades energéticas del país (energía eléctrica, calefacción, combustible para el automotor, insumos para la industria en general y petroquímica en particular, etc.) y que las reservas comprobadas de ambos hidrocarburos estarán agotadas al promediar el próximo quinquenio, de continuar las ilícitas exportaciones, el consumo propio no fiscalizado de los productores, el venteo excesivo de gas y la nula exploración, así como también el crecimiento de la demanda interna en un contexto de nula diversificación del riesgo de seguridad energética.

Más allá de ello, si el gobierno es consciente de la verdadera crisis estructural que Argentina experimentará al comienzo de la década entrante (colapso energético e importación total de energía), debería aplicar a raja tabla la Ley de Hidrocarburos, con lo cual caerían casi todas las concesiones para la explotación de hidrocarburos; de ser así, pasarían bajo la órbita de la esfera pública, y esto significaría recuperar la renta hidrocarburífera (equivalente a U$S 12.000 millones anuales), que, de ser gestionada correctamente por el Estado, financiaría el desarrollo de fuentes de energía primaria alternativas a los hidrocarburos, recursos naturales no renovables.

Pero resulta que los tiempos de planificación no son muy bondadosos. La puesta en marcha de una central hidroeléctrica y de una central nuclear demora 12 y 4 años, respectivamente, y los yacimientos hidrocarburíferos estarán agotados antes de 2015. Y para reemplazar la mayoría de las centrales térmicas se deberían cumplimentar los proyectos hidroeléctricos Garabí y Corpus Christi, más la construcción de al menos 7 centrales nucleares de 1325 MW de potencia neta cada una. También se necesitarían varias docenas de reactores nucleares compactos para producir hidrógeno (que reemplazarían en gran proporción a las gasolinas y gasóleos) y desarrollar la industria carboquímica. Pero, para una implementar este tipo de planificación energética se requiere urgentemente la recuperación de la renta pertinente.

La ecuación es sencilla: energía abundante y barata para encaminar al país en un acelerado proceso de reindustrialización y avance científico-técnico autónomo en un contexto de integración energético-industrial-tecnológica sudamericana.

Señor Presidente de la Nación, ésta es la última oportunidad que Argentina tiene para salir del subdesarrollo insostenible. La “renegociación de los contratos de servicios públicos” (que únicamente pretende incrementar las tarifas), los “incentivos para inversiones de riesgo” (para que las petroleras que saquearon nuestro subsuelo "exploren") y la nula capacidad de planificación y regulación de la cadena energética que tiene su gobierno, están consolidando el modelo energético neoliberal que Usted tanto “repudia” y “critica”. El destino de la Patria está en sus manos. Ejerza el poder del Pueblo, con el Pueblo y para el Pueblo Argentino.

* Investigador del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador; del Instituto de Energía e Infraestructura de la Fundación Arturo Íllia (FAI); y; del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO). Mayo de 2005.
E-mail: idicso@yahoo.com.ar
Internet: http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso/energia/energia.htm