Ecuador: Alfredo Palacio debe respetar el clamor popular del 20 de abril

Le advierten en manifiesto dirigido a la nación ecuatoriana, suscrito por un conjunto de movimientos bolivarianos y revolucionarios de Ecuador y personalidades como Carlos Solórzano, ex - Presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Junta de Salvación Nacional el 21 de enero del 2000. El General René Vargas muy destacado por su oposición al Plan Colombia y a la Base de Manta. Miguel Morán líder del movimiento Tohalli que encabeza la resistencia a la base de Manta en Manta. Comentarios adicionales de Marcelo Larrea, al documento suscrito en Quito el pasado 24 de mayo.

A continuación para todos nuestros lectores, el manifiesto completo.

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Encuentro por la Patria y la Humanidad
183 aniversario de la Batalla de Pichincha
24 de Mayo de 2005
Museo Manuela Sáenz
Quito


Manifiesto a la Nación

El 24 de mayo de 2005, ciudadanos de las diversas regiones del país, reunidos en el Museo Manuela Sáenz en el Encuentro por la Patria y la Humanidad, al ofrendar nuestro tributo al Mariscal Antonio José de Sucre, a los héroes de la gloriosa Batalla del Pichincha que signó la liberación de los territorios de la Primera República, y a la histórica lucha del pueblo de Quito en el pasado mes de Abril, expresamos:

El país se debate frente a la mayor crisis desde el asesinato del Mariscal Sucre y la fundación de la Segunda República en 1830. Han fracasado todos los experimentos neoliberales que, han subordinado la capacidad de acumulación de la economía al pago de la deuda externa y condenado al aparato productivo a la quiebra y a la desnacionalización de sus áreas estratégicas. El efecto indiscutible y draconiano, ha sido la generalización de la pobreza y la migración de millones de personas. Es hora impostergable de reconstruir el tejido económico - social del país, es hora de reasumir el camino original de la independencia bolivariana que nos legó la Primera República, de la revolución liberal alfarista, y de los principios de la revolución juliana y avanzar a la fundación de la Tercera República, para recuperar la soberanía nacional y popular en todos los ámbitos.

Latinoamerica está protagonizando batallas históricas para reestablecer democráticamente los principios de independencia y soberanía de nuestras naciones. Este es el único camino para acabar con la persistencia del colonialismo y el desastre socioeconómico, particularmente producido por los últimos treinta años de saqueo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional, dominado por la violencia de las guerras sucias, la represión, los programas de ajuste, la deuda externa, la desnacionalización de nuestras economías.

En este camino, recordamos al gobierno del Presidente Alfredo Palacio, que fue instalado en el poder no por los acuerdos tras bastidores de una partidocracia desfalleciente, que ha ganado el desprecio general. Tampoco, por el retiro ilegal del apoyo de las Fuerzas Armadas al anterior Presidente, anunciado por la cúpula militar de ese momento, sino, por efecto de una insurrección soberana del pueblo de Quito que, en legítima expresión de la voluntad de la mayoría absoluta de la población del país, depuso al gobierno de Gutiérrez, bajo la consigna: ¡Fuera Todos!

Las actuaciones de los partidos en la legislatura, en su reparto del mismo Congreso, del Tribunal Supremo Electoral y en la conspiración para nombrar una Tercera Corte Suprema de facto, en abierta violación del pronunciamiento soberano de la Consulta Popular de 1997 y de la Constitución vigente, exponen su desprecio al pueblo y su descomposición histórica.

Advertimos que el actual gobierno tiene el desafío histórico de dar pasos decisivos en la reforma política que demanda el pueblo, el no hacerlo le condenará a vivir prisionero de un sistema político descompuesto.

Consideramos, Presidente Palacio, que es hora de que su gobierno emprenda en profundas rectificaciones y no vacile en expresar en el ejercicio del poder, el mandato y el clamor popular del 20 de abril.

Después de tres décadas dominadas por una cadena de huelgas generales, levantamientos indígenas e insurrecciones populares que han depuesto a los tres últimos gobiernos electos, es evidente que nuestro heroico pueblo, ejerciendo su legítima soberanía, protagonizará cuantas insurrecciones forajidas en Quito y en escala nacional, sean necesarias, para reivindicar pacíficamente, con todo su poder, sus inalienables derechos políticos a una auténtica democracia y a vivir y trabajar con dignidad.

Concientes de su significado histórico expresamos las siguientes aspiraciones de la nación:

I) INSTITUIR LA DEMOCRACIA: CONSULTA POPULAR PARA LA REFORMA POLITICA

Demandamos la Convocatoria a una Consulta Popular para que el pueblo se pronuncie sobre la petición de millones de ciudadanos y ciudadanas por la derogatoria de las leyes de partidos y elecciones, mediante las cuales se usurpó el ejercicio de los derechos políticos al pueblo, para transferirlos a su monopolio por la partidocracia y sus dueños.

Demandamos que, se someta al pronunciamiento soberano para su expedición, la “Ley de Derechos Políticos del Pueblo”, que establezca la libertad electoral, bajo el principio de que todo ciudadano o ciudadana tienen el derecho de elegir y ser elegidos, de terciar en procesos electorales sin discriminación de ninguna naturaleza y, en plena igualdad de condiciones para inscribir sus candidaturas, y para promover sus ideas políticas en los medios de comunicación. Todos los candidatos patrocinados o no por un partido político, deben reunir los mismos requisitos para la inscripción de sus candidaturas, sin la propiedad privada de números, de listas o de colores. Debe establecerse un mapa electoral que cree la más estrecha relación entre elector y elegido y garantice al elector su derecho a la revocatoria del mandato del elegido. Debe establecerse una plena libertad para la formación de movimientos y partidos políticos, como órganos ideológicos de las distintas tendencias de la sociedad, pero sin menoscabar los derechos políticos individuales y colectivos del pueblo, ni otorgarles el monopolio de la política y el poder. Debe instituirse una auténtica justicia electoral, que elimine las asignaciones de recursos económicos a los partidos políticos, que garantice la igualdad de condiciones en las campañas electorales, la transparencia y pulcritud de los procesos eleccionarios y sus resultados, que facilite el derecho de todo ciudadano a examinar todos los votos, que sancione severamente el fraude como un delito criminal contra la sociedad, y que garantice los derechos de las minorías. El Tribunal electoral, debe ser un Tribunal independiente de los poderes del Estado, de los partidos políticos y de los ciudadanos que participen en las contiendas, capaz de arbitrar libre de todo conflicto de intereses, las diferencias entre los diversos actores.

Sólo sobre la democratización del régimen político basado en la participación genuina del pueblo, adquiere pleno sentido y valor la consulta para convocar una Asamblea Constituyente, capaz de expresar los genuinos anhelos del pueblo y de fundar la Tercera República, cuya demanda crece en todo el país como el único camino democrático para superar la crisis actual.

Consideramos que ésta Consulta, debe incluir el pronunciamiento sobre el Tratado de Libre Comercio, pues las negociaciones del mismo no pueden continuar de espaldas a la voluntad popular.

Consideramos a la Consulta Popular como una forma democrática genuina de expresión soberana del pueblo, y como tal, exigimos la plena vigencia de sus resultados.

II) POR EL DERECHO A VIVIR CON DIGNIDAD

El país y el pueblo no pueden vivir bajo el saqueo sistemático de sus riquezas por minúsculas oligarquías nacionales y extranjeras. Para reconstruir la sociedad, sus valores, su cultura y su economía, demandamos:

– 1. Auditoría de la deuda pública

Demandamos la Auditoría Integral de la Deuda Pública Externa e Interna. La Auditoría inmediata de las negociaciones y acuerdos que condujeron a la emisión de los Bonos Global. La Auditoría inmediata de los pagos de la deuda externa, realizados generosamente por el gobierno de Lucio Gutiérrez y el establecimiento transparente de los procesos y sanciones civiles y penales de quienes fueron los responsables de sus dramáticas consecuencias sociales, como la muerte de 15 jubilados, símbolos de la dignidad con la que nuestro pueblo ha enfrentado el hambre, derivada de esa política lesiva a la sociedad.

Demandamos que no se pague un solo papel de la deuda pública sin la presentación por parte de los acreedores, de los documentos que acrediten la legalidad y legitimidad de los papeles y la tenencia de los mismos, así como, la certificación del beneficio público generado por esas obligaciones.

Expresamos nuestra satisfacción con la propuesta del Ministro de Economía, Rafael Correa, de reducir el porcentaje del presupuesto fiscal asignado al pago de la deuda. Consideramos que la Ley del FEIREP, expedida expresamente para favorecer los intereses de los tenedores de la deuda externa en perjuicio de la economía del país, constituye un acto de traición a la patria y como tal debe ser derogada y sus responsables procesados. Los recursos desviados a ese fondo, deben ser utilizados en la reconstrucción del aparato productivo y del bienestar social.

Demandamos una auditoría integral a las políticas monetarias impuestas para garantizar el pago de la deuda externa, que incluyen la destrucción del Sucre desde 1981 al 2000, la sucretización de la década de los 80, la dolarización, el salvataje a los banqueros, la creación y las operaciones de la AGD, usada para encubrir las operaciones ilegales del Banco Central, la adquisición dolosa del Filanbanco, la congelación de depósitos y otras operaciones en perjuicio de los depositantes. Y el inicio bajo el escrutinio público, de los procesos civiles y penales correspondientes, a los responsables del saqueo y el descalabro del país, en el Ecuador y en el exterior.

– 2. Política petrolera comprometida con la nación

El petróleo es un recurso natural estratégico, como lo dijo el Libertador Simón Bolívar, su propiedad por la nación y por el pueblo es inalienable e imprescriptible. Facilita además las relaciones del país con la comunidad internacional. Como tal, el petróleo debe ser administrado para beneficio de la economía nacional y de todos los ciudadanos y ciudadanas. Demandamos fortalecer a PETROECUADOR como una verdadera empresa. Debe ponerse fin a la disminución constante de la participación del país en la renta petrolera. Exigimos que la política petrolera sea soberana y dirigida claramente a elevar la participación del país en la renta petrolera.

Demandamos al gobierno del Presidente Palacio, el reingreso del Ecuador en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP y, una participación activa y efectiva en los procesos de integración energética latinoamericana.

Consideramos que el país no puede esperar más, para terminar con el período en el cual ha sido un exportador de crudo, y debe pasar cuanto antes al procesamiento industrial del petróleo, para generar mayor riqueza y empleo en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Patria.

Demandamos que se acabe definitivamente con el uso del WTI como crudo marcador, para la definición del precio de nuestro petróleo, pues, las diferencias cualitativas existentes entre ellos, favorecen un manejo especulativo de sus precios en el mercado internacional en perjuicio del Ecuador. Demandamos también, que las ventas de nuestro petróleo se realicen directamente a sus usuarios, eliminando el mecanismo del trading, que ha ocasionado severos perjuicios a la economía nacional.

– 3. Auditoría Petrolera

Demandamos al gobierno del Presidente Palacio la auditoría integral del Oleoducto de Crudos Pesados y del elevado diferencial que se ha pagado en el trading petrolero, precisamente cuando sus precios se han ubicado nominalmente a su más alto nivel histórico. Demandamos la auditoría de los contratos con las empresas privadas transnacionales y la definición inmediata del conflicto con Oxy. La realización de una completa auditoría ambiental que establezca con precisión los daños ocasionados a la Amazonía y sus responsabilidades, para demandar su remedicación, las indemnizaciones correspondientes y, la realización de los procesos civiles y penales a que haya lugar, bajo veeduría pública.

– 4. El banano es de la nación

El banano es una riqueza de la nación. Sus beneficios no pueden permanecer más fuera del país, deben contribuir al enriquecimiento de la economía nacional, a la solución de los graves problemas del pueblo. Debe garantizarse el pago de salarios justos a los trabajadores y precios justos a los productores. Demandamos al gobierno asumir una política bananera que controle la exportación de la fruta, que elimine los monopolios y privilegie los intereses de la nación.

– 5. Rehabilitación del aparato productivo

El neoliberalismo impuesto por las misiones del Fondo Monetario Internacional, y los gobiernos de la partidocracia que se han subordinado a él, ha deshecho las expectativas de crecimiento industrial y agrícola del país, empobreciendo a la economía y al pueblo, forzando la expulsión de millones de personas, condenadas a emigrar para sobrevivir. Los daños ocasionados, demandan que el país gestione su economía en forma soberana y con independencia del FMI.

Es impostergable rehabilitar el aparato productivo en todos sus sectores y niveles. Solo la elevación de la productividad permitirá reconstruir el tejido social, restaurar y mejorar los derechos laborales inconstitucionalmente suprimidos, desde la contrareforma de 1991 hasta por el sometimiento de Gutiérrez, a los objetivos draconianos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y, crear las condiciones para que los migrantes puedan regresar a los brazos de sus familias y a su tierra.

Demandamos al gobierno del Presidente Palacio, reestablecer a la Corporación Financiera Nacional (CFN) como una banca de primer piso. Rehabilitar al Banco Nacional de Fomento. Estos organismos financieros deben garantizar crédito barato para la producción agraria e industrial.

Es pertinente y urgente avanzar en la distribución justa de los ingresos de la nación con un proceso de descentralización que fortalezca la gestión de los gobiernos locales y liquide las perversas tendencias separatistas inoculadas por los enemigos de la unidad de la nación.

Demandamos una nueva ley agraria que liquide las formas de propiedad y producción obsoletas e incorpore a la población rural a la construcción de un futuro promisorio, rehabilitando sus métodos comunales ancestrales de producción.

Demandamos que los fondos previsionales del IESS, el principal medio de ahorro y acumulación de nuestra economía, no permanezcan congelados ni esterilizados en el Banco Central. Deben dirigirse a la inversión productiva, fundamentalmente a las áreas estratégicas, petróleo, electricidad, telecomunicaciones y vivienda, de forma que los beneficios seguros de éstos sectores, permitan mejorar sus estados actuariales, las pensiones de los jubilados y los derechos de los afiliados a la seguridad social.

Para reconstruir el país, es necesaria una nueva ley bancaria, que reestablezca la soberanía monetaria y financiera, y nuestra moneda nacional, el Sucre, adoptando los controles de divisas necesarios para impedir que la desdolarización sea utilizada como lo fue la dolarización, para el beneficio de inescrupulosos grupos financieros especulativos.

Es necesario reasumir nuestra propia política monetaria, no como un instrumento para el saqueo de las mafias financieras nacionales y extranjeras que tanto daño han hecho al país, sino como un medio para el incentivo de la producción y el crecimiento. El dólar ha servido para quebrar nuestra capacidad productiva y garantizar la invasión de nuestro mercado. Sólo con nuestra propia moneda, se podrá rehabilitar la producción agropecuaria y el campo del cataclismo que ha constituido la dolarización. Y se podrá rehabilitar la producción industrial y recuperar la participación de nuestros productos en nuestro propio mercado, así como, mejorar las exportaciones, las tasas de empleo, la formación de ahorro interno que favorezca la acumulación nacional y los estados de la balanza comercial.

Es necesario que la nueva ley bancaria imponga la orientación del ahorro a la producción local y no como ocurre ahora, a la especulación financiera transnacional. No se puede permitir que los depósitos de los ciudadanos sean ubicados por los bancos en el exterior, en tanto especulativamente fijan tasas de interés que hacen imposible trabajar y producir.

En la estrategia de un país para todos, es indispensable abrir mercados en los países hermanos de América Latina, para lo cual demandamos como urgente, la incorporación del Ecuador en el MERCOSUR, el fortalecimiento de la Comunidad Andina y de la Comunidad Sudamericana de Naciones, la incorporación a la Alternativa Bolivariana para las Américas, en el camino de construir la Patria Grande. Es necesario además, incursionar con nuestros productos en todos los continentes, en Asia, Europa, el mundo Arabe, Africa, diversificando nuestra producción y sus mercados.

Frente al fracaso del Fondo Monetario Internacional, que ha cobrado la forma cruda de la descomposición de nuestra sociedad, debemos conformar el Fondo Humanitario Latinoamericano propuesto por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, para fortalecer los lazos de hermandad de nuestras naciones y vencer a la pobreza y el atraso, contribuyendo firmemente al crecimiento de nuestra capacidad laboral y productiva.

– 6. Reconstruir la seguridad social

El Ecuador ha tenido el único sistema de seguridad social del mundo que no debe al fisco, por el contrario el Estado, ha acumulado una gigantesca deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, bajo la fiebre neoliberal, los fondos previsionales fueron sistemáticamente atacados con las devaluaciones monetarias ordenadas por el FMI, ejecutadas por el Banco Central que, nunca pagaron el diferencial cambiario. Finalmente, bajo la iniciativa de la Comisión Interventora, el Congreso Nacional emitió una ley que descalabra a la seguridad social en su conjunto.

Demandamos la derogatoria de la Ley de Seguridad Social, el reestablecimiento de la precedente Ley del Seguro Social Obligatorio, la rehabilitación plena de nuestro sistema de seguridad social para el beneficio de sus afiliados y pensionistas y, las reformas necesarias para propender a la universalización y optimización de la seguridad social, ejecutando el pronunciamiento soberano del pueblo realizado en la Consulta Popular de 1995.

– 7. Alimentación, educación, salud, vivienda, ciencia y tecnología

La vida de nuestro pueblo no puede ser tratada como un sistema de negocios y la atención de sus necesidades no puede ser privatizada. Los recursos que genere una economía gestionada libre de todo tipo de ataduras coloniales, deben dirigirse a la inversión social para superar el grave cuadro de desnutrición de nuestra población. Debemos asumir el objetivo de que ni un solo niño ecuatoriano muera de hambre, de que ni un solo ecuatoriano o ecuatoriana muera de hambre, de que todos los niños y ciudadanos y ciudadanas tengan el derecho a educarse, a una atención de salud adecuada y a la vivienda. Para nosotros éste es el “desarrollo”, el uso de la riqueza para la vida, la satisfacción de las necesidades de todos y todas, el crecimiento equilibrado en armonía con la naturaleza y no, para la exportación o acumulación de nuestras riquezas para el disfrute de minúsculas oligarquías nacionales o extranjeras.

Los recursos recuperados, liberados y creados por una economía endógena, deben dirigirse a la inversión en el arte, la ciencia y la tecnología, a través de una profunda revolución educativa que permita rescatar nuestros conocimientos milenarios y proyectarlos en la evolución de las ciencias universales, recuperar nuestros valores históricos, estéticos, éticos morales, el sentido del respeto a la vida, a las personas y a la naturaleza, el sentido humano comunitario de nuestras sociedades milenarias.

– 8. Reestablecer la soberanía nacional

Condenamos la actitud del gobierno del Presidente Uribe y su Cancillería que han tratado con desprecio la legítima demanda ecuatoriana, de suspensión de las fumigaciones tóxicas en la zona fronteriza que, afectan los equilibrios ecológicos básicos de la sensible amazonía. El gobierno del Presidente Palacio debe concretar la demanda de que se suspendan inmediatamente las fumigaciones lesivas al ecosistema, que es un clamor nacional.

Nos pronunciamos por el reestablecimiento de la soberanía nacional en todo el país y en particular en la base aérea de Manta. No es permisible para una república soberana que sus territorios sean ocupados y utilizados por fuerzas militares extranjeras y sus sofisticadas redes de espionaje. Demandamos la suspensión inmediata del patrullaje de las naves militares estadounidenses en nuestro mar territorial y el escrutinio público de todas las acciones ejecutadas por el Comando Sur en esa base y en el territorio nacional.

Demandamos al gobierno observar los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de no intervención en los asuntos internos de otras naciones, de propiciar la solución pacífica de los conflictos y en consecuencia, le convocamos a preservar la paz de la república no involucrándose en el Plan Colombia.

Exigimos una auditoría de los daños producidos por el Plan Colombia al Ecuador, que establezca los perjuicios ocasionados por las fumigaciones, por los desplazamientos de personas y por la militarización de la frontera norte, para exigir las correspondientes indemnizaciones a Colombia y Estados Unidos.

Llamamos al gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la nación, a declarar al país territorio de paz, a no recibir ayudas militares extranjeras que siempre comprometen la soberanía nacional y a prohibir la presencia de fuerzas militares extranjeras en nuestro territorio.

Es un principio irrenunciable del derecho universal el juicio justo a toda persona acusada de cometer un crimen, en consecuencia, nos pronunciamos por el rechazo a la pretensión del gobierno de Estados Unidos, de que nuestro país conceda inmunidad e impunidad a los soldados y autoridades de ese país.

– 9. Pedimos Justicia y vigencia de los derechos humanos

La Consulta Popular de 1997 se pronunció en forma inequívoca por prohibir al Congreso y al Ejecutivo, intervenir en la nominación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la partidocracia precautelando sus intereses a expensas de la voluntad del pueblo, cesó inconstitucional e ilegalmente a la Corte Suprema de Justicia y nominó a un corte de facto, que encubrió el salvataje bancario, la destrucción del Sucre y la enajenación de la soberanía del país con el convenio írrito que cede el uso de la base de Manta a fuerzas militares extranjeras.

Igualmente ,el gobierno de Gutiérrez intervino para nominar una segunda corte de facto en función de preservar su ejercicio del poder. Hoy el país se enfrenta a una nueva Ley, que violenta el pronunciamiento soberano del pueblo e impide el funcionamiento de la justicia, exponiéndole al país a la continuación de una crisis institucional de imprevisibles consecuencias, con la pretensión de nominar una tercera Corte Suprema de facto, precisamente, cuando ante la justicia ecuatoriana se ventilan casos de enorme interés nacional e internacional, como el Juicio a Chevron-Texaco, llamado a constituir un hito jurídico de dimensiones mundiales.

La desaparición de una administración legal y legítima de la Justicia, que es el principal instrumento para la vigencia del Estado de Derecho, el arbitraje de los conflictos, el control y la sanción de la corrupción, -como lo fue cuando se enjuicio al Vicepresidente Dahik, al Presidente Bucaram, a las autoridades monetarias responsables del salvataje del Banco Continental-, constituye ya una grave amenaza no sólo a los inalienables derechos jurídicos de todos los ciudadanos, sino a la seguridad nacional, como lo expresa la comparación realizada en organismos internacionales de la situación de Ecuador con la de Haití, hoy bajo ocupación militar extranjera. Por lo expuesto, es imperativo cumplir el pronunciamiento de la Consulta Popular de 1997, restituyendo a la Corte ilegalmente cesada ese año, la última legalmente nominada y la única ratificada por la soberanía popular, para que proceda de conformidad a la voluntad del pueblo, bajo veeduría pública.

La violación de los derechos humanos ha ensangrentado a la democracia. Demandamos la auditoría integral de las violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos 25 años, empezando por las ejecutadas en la administración de Lucio Gutiérrez. La identificación de sus responsables materiales e intelectuales y su enjuiciamiento justo, así como la eliminación de los organismos de seguridad pública involucrados en los crímenes y el establecimiento de organismos de seguridad ciudadana genuinos, bajo el control del pueblo.

Todo crimen contra las personas es imprescriptible y no puede quedar en la impunidad. Esta es la única garantía para que los derechos humanos constituyan una realidad insoslayable que, garantice el derecho a la vida de todos y todas.

Hacia la Tercera República

Demandamos al gobierno del Presidente Palacio atender y cumplir con las demandas contenidas en ésta declaración que expresan la voluntad de las diversas voces de nuestra sociedad y las aspiraciones legítimas de nuestro pueblo.

Convocamos a los hombres y mujeres de la nación, a los jóvenes y niños, a los viejos y ancianos a unirse a éste Encuentro por la Patria y la Humanidad, para terminar con la ignominia de la Segunda República, caminando hacia la fundación de la Tercera República, capaz de unir las raíces plurinacionales de nuestra cultura, la recuperación plena de los derechos de nuestros pueblos originarios, con la voluntad irrevocablemente libre de la Primera República Bolivariana.

Convocamos a asistir al Primer Congreso Sucresista de Salvación Nacional que se realizará en Montecristi, en la casa de Eloy Alfaro, héroe y mártir de la independencia de la nación, el próximo sábado 25 de junio en homenaje a su natalicio.

Quito, 24 de mayo de 2005

Por el Encuentro por la Patria y la Humanidad:

General René Vargas Pazzos, Dr Carlos Solórzano, Pdta. Marcelo Larrea Cabrera, Dr Luis Gonzalo Añazco, Dr. Migel Morán, Alexis Ponce, Nevia Vera, Eco. Leonardo Vicuña Izquierdo, Manuel Ayala Marchán, Eco. Felix Pilay, Diego Carrión, Aristóbulo Cardoso, José Wazhima, Ab. Edgar Frías, Eco. Mariana Torres, Galo Mora, Dr. Edgar Aguirre, Tcronel Hernán Lasso, Yolanda Añazco, Wilson García Avilés, Gloria Valdivieso, Dr. Gustavo Morales, Gary Vera Pinargote, Dra. Amanda Paéz, Dr. Fernando Vicuña Izquierdo, Marco Pesántez, Zaida Cabrera, Carlos Enrique Ortega, Lourdes Mendoza, Fabián Condoy, Eco. Diocles Valeriano, Vicente Ogoño, Lupe Araujo, Rosa Dávalos, Blanca Inés Peñafiel, Eduardo Alvear, Padre Vicente García, Ana Lucía Reinoso, siguen más firmas

Movimiento Por la República Bolivariana del Ecuador, Movimiento Bolivariano Alfarista, Frente Bolivariano, Movimiento Tohalli, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Movimiento Ecuador Siglo XXI, Frente de Acción Revolucionaria, Unión Nacional de Desempleados, Nueva Fuerza Bolivariana, Comité Permanente por los Derechos de la Mujer, Socialistas por la Patria, Asamblea Patriótica de Chimborazo, forajidos de las Asambleas Ecuador Decide, Parque Italia, Valle de los Chillos, Salesiana, de Asambleas de Guayas, Loja, Manabí, Azuay.

ANNCOL