Concesión del agua a empresa privada atenta contra el pueblo de Tumbes (Perú)

Es mejor una empresa publica reformada sin las municipalidades y con control ciudadano

El 19 de setiembre el gobierno y las municipalidades provinciales de la región publicaron la Licitación Publica Especial (LPE) para la entrega en concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado. Este proceso se encuentra envuelto en una serie de irregularidades, que tarde o temprano volverá a cero, por lo que inmediatamente se ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoria del Pueblo y del propio Congreso de la República. Pero corresponde a la sociedad civil, es decir a las organizaciones profesionales, populares, sindicales, resolver en última instancia, puesto que EMFATUMBES ES UNA EMPRESA DE LOS TUMBESINOS y no de cuatro burócratas afincados en Lima.

Avisamos a la comunidad que las municipalidades provinciales han capitulado en la defensa de un servicio publico esencial para la vida, dando facultades a PROINVERSION ilimitados IRREVOCABLES para decidir TODO lo referente a la concesión de los servicios a la empresa privada internacional (todo menos la firma final del contrato de concesión, claro está). Las municipalidades han renunciado incluso a supervisar el trabajo de PROINVERSION y a su misión esencial de asegurar servicios públicos a la población. PROINVERSION traerá todo listo para ponerse de acuerdo con los alcaldes para la firma.

El esquema previsto es que al final PROINVERSION se retira a Lima dejándonos atados de pies y manos: Las municipalidades pasan a cumplir absolutamente un papel sin importancia y el gobierno impulsor de la concesión también se corre. A los usuarios nos dejan frente a un monopolio privado que abusara prepotentemente en los recibos mensuales, la calidad del servicio y no atenderá las quejas y reclamos. Es la SUNASS la encargada de vigilar el contrato de concesión, una entidad limeña sin autonomía, interferida políticamente e incapaz de controlar a un monopolio privado. No olvidemos que el propio gobierno ha declarado que la SUNASS no tiene normas acordes con la realidad peruana y además carece de independencia(la actual interferencia del gobierno, mediante un Decreto Supremo, para que OSSINERG declare un aumento de tarifas eléctricas debe servirnos de ejemplo).

Paralelamente el gobierno realiza el cambio del marco legal y regulatorio (incluido tarifas) vigente, de manera que durante la negociación de los términos contractuales de la concesión, se incluirán en los contratos condiciones distintas a las actualmente vigentes en la Ley. ¿Es ético, legal y socialmente viable conducir un proceso de privatización en el cual la sociedad no tiene conocimiento de los alcances y efectos de los cambios de las condiciones vigentes?

Asimismo, se asegura al concesionario el establecimiento de negocios colaterales paralelos a los servicios de agua potable y alcantarillado, puesto que el empresario privado ya no va a tener el exclusivo propósito de prestar servicios de saneamiento sino también otras actividades, tales como prestaciones adicionales o derivadas (servicios complementarios) y prestaciones vinculadas (servicios conexos). ¿Cómo y quien va a garantizar a la sociedad que el concesionario no transfiera recursos provenientes de las facturas de agua y desagüe a otros giros y negocios que sólo pueden interesar a la empresa privada?

Las municipalidades han pasado por alto que existen impugnaciones judiciales aún no resueltas tales como la Acción de Amparo (Expediente N° 3175-2002) y la Acción Contenciosos Administrativa (Expediente N° 457-2004) ambas contra la Resolución N° 649-2003-CO-PIURA que declara la insolvencia a EMFATUMBES. Sobre la primera de las nombradas ha recaído una sentencia que suspende los efectos de la precitada resolución que se encuentra pendiente de resolver. ¿En estas circunstancias es prudente actuar legalmente esperando la resolución final de los procesos?. Por supuesto que NO.

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, considerado como un derecho humano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta realidad exige que la adopción de decisiones acerca de su gestión, condiciones de prestación, precios, asignación de dotaciones, y la propia privatización, entre otros factores, debe contar en todo momento con la participación autentica de la sociedad. En el presente caso se ha excluido a la sociedad de la adopción de soluciones viables y alternativas, habiendo decidido el gobierno unilateralmente otorgar los servicios en concesión al sector privado.

Es mejor para la sociedad contar con una EMFATUMBES REFORMADA DIRIGIDA POR ESPECIALISTAS DEL AGUA (QUE LOS HAY Y MUCHOS) que excluya de los alcaldes de su manejo y que tenga control ciudadano.

COMISION DE DEFENSA DEL AGUA DE LA REGION TUMBES.