Brasil: Indígenas ocupan edificios

En el estado de Pará, indígenas Tembé Tenetehara ocupan el edificio de la Fundación Nacional del Indio (Funai) en Belén. Ellos quieren estructura y recursos para impedir el corte ilegal de madera noble por parte de madereros, que ocurre con el apoyo cómplice de políticos locales. La ocupación se realiza desde el día 14 de junio y a pesar de que ya fueron hechas reuniones con las autoridades, los indígenas todavía no consiguieron garantías de atención de los reclamos de fiscalización ambiental.

En Bahía, después de que una empleada de la Fundación Nacional de Salud (Funasa) se recusó a dar atención a indígenas del pueblo Atikum, este pueblo ocupó el edificio de la sede del organismo en Juazeiro. Se sumaron a ellos, en la ocupación, un grupo del pueblo Truká y los Tumbalalá. Los pueblos solicitan atención digna, equipos médicos, la contratación de agentes de salud, saneamiento básico e infraestructura de salud en Juazeiro. La Funasa afirma que pretende priorizar la región, pero todavía no tomó providencias sobre los reclamos por estar con dificultades de actuar debido al paro realizado por los empleados de la misma.

Del Amazonas, la Federación de las Organizaciones Indígenas de Río Negro (Foirn), responsable por la atención de la salud indígena a través de un convenio con la Funasa, afirma que todas las acciones de atención están comprometidas debido a un atraso en el envío de los fondos.

También en Amazonas, el Ministerio Público Federal dio un plazo de 30 días para que el estado, la Unión y la Funai presenten un diagnóstico de la situación de la educación escolar indígena, bajo la pena de tener que pagar una multa diaria de R$ 5 mil reales. La sanción es establecida porque no fue cumplido el acuerdo firmado en marzo del 2003, en el cual las tres instancias asumieron los compromisos para la creación y regularización de escuelas indígenas y la formación de profesores. Para completar, de acuerdo con informaciones de la Agencia Brasil, el Ministerio Público Federal acusa a la Procuraduría General del Estado de manifestar "preconcepto étnico", ya que éste cuestionó la decisión del MPF colocando en duda si tendrían derecho a la educación diferenciada individuos "ya perfectamente insertos en el contexto político-social de la comunidad ‘civilizada’ ".

En el estado de Rondônia, el Cimi denuncia que la Funai está negando a los pueblos aislados el derecho a la sobrevivencia, que ésta no reconoce su existencia y, en consecuencia, no adopta las medidas de interdicción de las tierras, tampoco encamina los procesos de demarcación. "Tierra para que vivan y circulen es la única garantía para la sobrevivencia de los pueblos sin contacto", afirma Frei Volmir Bavaresco, misionero del Cimi.

Mientras las movilizaciones y denuncias se realizan por todo Brasil, representantes del poder público que participaron de una audiencia pública en la Cámara de Diputados citaron, entre otros temas, la existencia de una razonable cantidad de dinero presupuestada para los indígenas. La audiencia ocurrió antes de ayer (día 22), en Brasilia.

El representante del Ministerio de Educación, Ricardo Henrique, destacó el aumento de los recursos disponibles para el área, que saltaron de R$ 1,2 millones en el 2002, a R$ 10,7 millones en el 2005. El presupuesto de salud en el 2004 fue de 186,5 millones y subió para 200 millones en el 2005.

Entretanto, hubo una disminución de los recursos destinados a la regularización agraria: fueron 43 millones de reales en el 2004 contra 36,73 millones en el 2005, según un levantamiento del Inesc, el Instituto de Estudios Socioeconómicos.

A pesar de las sumas de dinero disponibles, la actuación del Estado no refleja una efectiva mejora de la situación cotidiana de los pueblos indígenas en Brasil. Para el Cimi, esto se debe a la falta de una política indigenista coordinada, coherente con las necesidades de los pueblos y planificada con la participación de ellos.

La Funai ha afirmado que la Conferencia Nacional de los Pueblos Indígenas, programada para el 2006, será un espacio para debates sobre esta política e incluso para una nueva versión del Estatuto de los Pueblos Indígenas. Durante la audiencia en la Cámara, el presidente del órgano indigenista, Mércio Pereira Gomes, volvió a citar la Conferencia. Mientras tanto, el proceso de construcción del encuentro ha sido cuestionado por el movimiento indígena sobre todo por la programación de las discusiones, basada en temas colocados por el gobierno, sin el debate con el movimiento y sin colocar en discusión la política indigenista como un todo.

Demarcaciones paralizadas

Los procesos administrativos de reconocimiento de tierras están parados en todo el país. En el 2005, no hubo creación de un solo grupo de trabajo para el estudio antropológico y agrario. La Funai afirma abiertamente que la revisión de límites de tierras indígenas no será realizada porque no está entre las prioridades del organismo. El único decreto declaratorio editado por el Ministerio de Justicia este año fue el de Raposa Serra do Sol. Ninguna otra tierra indígena tuvo sus límites declarados en los primeros seis meses del 2005.

Coherente con estas actitudes, Mércio Pereira Gomes afirma, en la Cámara de Diputados, que la demarcación de tierras indígenas ya está prácticamente terminada. Para él, falta poco para que el gobierno alcance la meta de destinar el 12,5% de todo el territorio nacional a reservas indígenas. La demarcación de tierras ya estaría concluida en el Acre, Rondônia, Maranhão y Tocantins.

La "meta" establecida por el Presidente no tiene ninguna base de sustentación. Sobre los estados que ya tendrían la demarcación de tierras terminada en Rondônia viven por lo menos 8 pueblos sin contacto que no tienen tierras demarcadas y sobre los cuales la Funai no ha tomado ninguna actitud.

En Maranhão, un proceso de revisión de límites parado en la Funai abre espacio para la violencia que ha estado presente en el día a día de los Guajajara. En las últimas semanas, este pueblo fue atacado por hacendados locales que causaron la muerte de un indígena y la violación de una niña de 16 años.

En Tocantins, el pueblo Krahô-Kanela fue brutalmente expulsado de sus tierras y obligado a vivir durante décadas en asentamientos del Incra. Este pueblo vive desde hace más de dos años confinado en la Casa del Indio, en Gurupi, luchando para que la Funai dé seguimiento al proceso de reconocimiento de sus tierras. El estudio antropológico fue terminado pero no fue publicado por la Funai. La tierra de los Apinajé, en Tocantinópolis, fue demarcada pero la parte más productiva de la tierra quedó fuera de los límites y aún es reclamada por los indígenas. En el estado es notoria también la incidencia de los grandes proyectos en las tierras que ya están demarcadas. En el Acre, al contrario de lo que afirma Gomes, siete tierras están aún en proceso de demarcación.

La actitud del órgano indigenista oficial con respecto a los derechos de los pueblos indígenas refuerza la importancia de la creación del Consejo Nacional de Política Indigenista, que tiene el objetivo de coordinar y supervisar, dentro del Gobierno Federal, la elaboración e implementación de políticas públicas específicas y diferenciadas. El Consejo fue el principal reclamo de la Movilización Nacional Indígena Terra Livre, en el acampamiento realizado en abril del 2005. En aquel momento, Mércio Pereira Gomes y el ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, se comprometieron a llevar la propuesta al presidente Lula ese mismo mayo del 2005. Hasta el momento, no hubo avances en la cuestión.

Adital