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Bolivia: UMSA & UPEA
El conflicto en las Universidades Públicas.
Mario Ronald Duran Chuquimia (*)
Después de huelgas de hambre y medidas de presión por parte de los municipios y universidades publicas bolivianas, el gobierno accedió a repartir los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), específicamente a las universidades, se les otorgo aproximadamente cincuenta millones de bolivianos anuales por departamento. Estos recursos originan problemas debido a su distribución.
En el caso de la Universidad Nacional de Siglo XX (UNSXX) ubicada en Llallagua y la Universidad Autónoma Tomas Frías (UATF) que se encuentran ubicadas en el departamento de Potosí, después de bloqueos y marchas ejercidos por autoridades, docentes y estudiantes de la UNSXX, se llego a un acuerdo que establece la distribución equitativa de dichos recursos.
En el departamento de La Paz, coexisten dos universidades, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), una primera distribución establecía la asignación del cincuenta por ciento de dichos recursos a cada universidad, que motivo la protesta y el cierre de de predios universitarios de la UMSA, así como la articulación de medidas de protesta, para evitarlos el gobierno llegaba a un acuerdo con San Andrés mediante el cual se asignaba el 70% de los recursos a la UMSA y el porcentaje restante a la universidad alteña, previa aceptación de esta.
Las autoridades de la UPEA rechazaron dicho acuerdo establecido a sus espaldas exigiendo una distribución 65/35. Las negociaciones propiciadas por el Defensor del Pueblo, Dr. Albarracín, se declararon rotas el viernes último, ya que una resolución del Consejo Universitario (HCU) de San Andrés establecía el veto y por ende, el despido, de las autoridades y docentes de la UPEA que tuviesen una relación laboral con la UMSA. Las autoridades de la UPEA exigen para empezar a negociar la anulación de dicha disposición. Para este lunes, se han convocado a diversas asambleas en predios de la UMSA, para asumir decisiones. El problema para los estudiantes de San Andrés es que se esta en época de exámenes finales, se pone en duda la implantación de los cursos de nivelación de fin de semestre y el riesgo es el de perder el año.
Realizando un recuento histórico sobre la génesis de la UPEA, es necesario mencionar que fue fruto de las movilizaciones del pueblo alteño y que para su organización se requirió de un estudio de consultoría que fue realizado por el actual rector de San Andrés, Roberto Aguilar, dicho apoyo fue sancionado por el HCU de entonces con la iniciación de un proceso universitario a dicho docente, luego de una huelga de hambre de esa persona quien aducía el respeto al ejercicio profesional, dicha medida fue levantada por el HCU; así también apoyaron a la creación de universidad alteña, militantes troskistas del POR/URUS, que se inscribieron como estudiantes y docentes de dicha casa superior de estudios. Dicha universidad atravesó diversos problemas en su administración: en sus inicios se convirtió en botín de guerra de la COR, los gremiales y la Fejuve alteña, la dirección ejercida por la curia alteña fue rechazada, los intentos del gobierno de Banzer por controlarla degeneraron en actos de corrupción y la división en dos sedes universitarias de la UPEA. Fueron los protagonistas en los diversos levantamientos populares bolivianos. Una anécdota necesaria e interesante es que ante la ausencia de mas de tres años de la Federación Universitaria Local de la UMSA, se constituyo al calor de las movilizaciones un Comité de Movilizaciones que se subordino a la Asamblea Popular Nacional Originaria (APNO) que tenía una fuerte presencia alteña. También que en plena efervescencia social para la fundación de la UPEA, una autoridad universitaria planteo la expulsión de San Andrés de los por entonces 17000 estudiantes alteños ... que se han convertido en 30000.
En cuanto al instrumento de sanción aplicado a los docentes de la UPEA que trabajan en la UMSA, es necesario establecer que la figura del veto universitario no esta reconocida por el estatuto orgánico, existiendo una figura que solo se aplica a aquellos que hubiesen servido de agentes en tiempos de dictadura. Su uso fue desechado ya que se prestaba a alegres e irresponsables aplicaciones de este instrumento, las mas de las veces fue utilizado para eliminar la oposición política vulnerando los derechos democráticos.
Así también en artículos anteriores establecí que la Universidad sea cual fuere su ubicación geográfica al exigir el pago del IDH, no contribuye al desarrollo de nuestro país, ya que solo fomenta la vocación rentista que se ha convertido en un mal nacional; y que, un promedio de 85-90% del presupuesto asignado a la universidad se utiliza en pagar sueldos a docentes y administrativos; y que por diversos medios, trámites de títulos de bachiller, profesionales y otros, entre ellos la figura del aporte voluntario/obligatorio se esta traspasando esa brecha financiera a los estudiantes, ya que con esa desproporción en la asignación de recursos, ¿con que dinero se atiende investigación, infraestructura y otros?.
Es urgente en la universidad pública una reforma universitaria que cambie de raíz estos males, que promueva el acceso planificado a la educación superior, la generación de mejores condiciones de estudio a estudiantes de pre - grado y la creación de oportunidades laborales.
La Paz/Chuguiakumarka, 05 de Noviembre de 2005.
(*) El autor fue miembro del Honorable Consejo Universitario de la UMSA en tiempos de la creación de la UPEA, es parte de los 30000 alteños que estudia en San Andrés.